Los condenados de la democracia

Por Ignacio Saffarano

Ignacio Saffarano comparte una dura crónica sobre el regreso a los talleres de «alfabetización jurídica» en cárceles, dando cuenta del impacto negativo tuvo la epidemia de coronavirus en los centros de reclusión, la repercusión del reciente proceso electoral para los «privados de libertad» y otros temas de un mundo que la mayoría de los organismos del Estado preferirían mantener oculto y silenciado, legitimando una «pérdida de ciudadanía» de hecho, contraria a cualquier premisa democrática.

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El martes volví a la cárcel después de más de un año y medio de no poder entrar producto de la pandemia. Que todo sigue igual de mal, es una obviedad en la que no voy a detenerme, el tema es que está todo un poco peor. Esperamos un rato a los pibes en la Biblioteca, uno de los penitenciarios nos avisó que los estaban vacunando. Sinopharm para todos. Les conté que yo tenía la misma, que solamente les iba a doler un poquito el brazo a la tarde, que les iba a dar un poco de sueño y ya. Complicidad de inmunidad. El último en entrar fue el Chispa, uno de los referentes del Pabellón. Venía caliente porque muchos pibes no se quisieron vacunar. Tenían argumentos mucho más inocentes que las teorías del chip 5G, la imantación, o la pérdida de fertilidad que los anti-vacunas vienen agitando hace meses. “Dicen que ni ganas de tener fiebre, amigo”. Le pregunté si había pasado alguien a informar y contar sobre los efectos de la vacuna, sobre la necesidad sanitaria-social de que todos reciban sus dosis. La respuesta no los sorprenderá.
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Tengo un grupo prácticamente nuevo. La gran mayoría de los pibes con los que comenzamos a laburar en el 2019, ya no están más en la Unidad. Casi todos fueron trasladados, algunos pocos están en la calle; otros salieron y volvieron a entrar, haciéndole honor a la puerta giratoria de un sistema que te libera a la buena de dios, en el que salvarse depende pura y exclusivamente de tener culo, la cabeza bien fría y un colchón afectivo que te banque la parada. De éste nuevo grupo, con unos pocos nos conocíamos de estos dieciocho meses de encuentros por Zoom.

Damos talleres sobre alfabetización jurídica, intentamos lograr traducir a un lenguaje llano las notificaciones judiciales plagadas de absurdos latinazgos, que no persiguen otro fin más que el agrandar la brecha entre los funcionarios del Poder Judicial y cualquier mortal. Si agregamos el detalle del enorme nivel de desescolarización que existe entre el sector de jóvenes adultos con los que laburo, el combo se agranda. Buscamos, además estimular la lectura y la escritura por simple y necesario ocio. El pasado noviembre inauguramos la Biblioteca Pensamientos Libres dentro del Pabellón; además que ya vamos camino a la tercera edición de Siete Rejas y un Portón, una revista con relatos, cómics, poesías o el formato que salga para manifestar hacia afuera toda la procesión interna de esos cuerpos dóciles. Los últimos meses fueron los peores, la propuesta pedagógica estaba quebrada, el soporte técnico-virtual ya no tenía nada más para ofrecernos. Era volver a la presencialidad o cortar definitivamente hasta volver a entrar. Se notaba el entusiasmo, el grupo de Whatsapp (gracias, Juliano, gracias) venía estallado de mensajes hacía días.
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Nos presentamos y fuimos a los bifes. “¿Cuántos de ustedes votaron el domingo?”. 5 de 18. Los 5 que votaron, es porque están detenidos con prisión preventiva, sin condena firme. Del resto, 5 son condenados y los otros no aparecían en el padrón electoral.

Que no quepa ni una duda, en la Argentina existe el voto calificado. El artículo 1° de la Ley de Ejecución de la pena, determina que la pena es solo privativa de la libertad ambulatoria. No coarta el derecho a la educación, a la salud, al trabajo; más allá de que estos son vulnerados sistemáticamente. Tampoco debería suspender el ejercicio del más importante de los derechos políticos en un sistema democrático, sin embargo, y a diferencia de los otros derechos enumerados que sí son reconocidos aunque inaplicados; el derecho a sufragar de las personas condenadas, está prohibido de manifiesto en el Código Nacional Electoral. Esto no es muy distinto a la pérdida de ciudadanía que implicaba el destierro en el Imperio Romano.

Para zanjar dudas, esto no lo dice solamente el hinchabolas de Nacho Saffarano, que encima es marxista y abolicionista penal. Lo viene diciendo hace años la Procuraduría Penitenciaria de Nación, quiénes más de una vez presentaron amparos colectivos reclamando la inconstitucionalidad de éstos artículos – logrando alguna que otra vez un fallo a favor – ; y proyectos de ley para derogar esta violación a los derechos humanos, que vienen durmiendo la siesta hace años en el Congreso.

Como militante aficionado de las causas perdidas, acá arrancamos una desde hoy hasta noviembre. Que los presos no voten, es una deuda -y otra deuda, y otra deuda más- de esta frágil democracia que supimos construir.